BUENOS AIRES.- La abrupta caída en el nivel de actividad económica es cada vez más intensa y está dejando una enorme cantidad de trabajadores sin sustento. El fuerte ajuste que está aplicando la administración Kirchner, a pesar de su relato -"este no va a ser el gobierno del ajuste", replicaron una y otra vez Néstor y Cristina Kirchner-, está dejando serios daños sobre la estructura social del país.

El ajuste se está dando vía el impuesto inflacionario y sus consecuencias, más la fuerte presión fiscal que pesa sobre los sectores de menores ingresos, trabajadores, autónomos y jubilados. Esto está provocando una abrupta caída de los niveles de consumo en los sectores de ingresos fijos y está llevando a una caída marcada de la demanda agregada.

Las violentas reacciones obreras en la Patagonia tienen un común denominador: las pérdidas de los puestos de trabajo debido a la cancelación de contratos de empresas tercerizadas surgidas a partir de la rigidez de las normas laborales y los altos costos fiscales.

En el fondo, la discusión pasa por la pérdida de competitividad de la economía en su conjunto, surgida de un modelo que está totalmente agotado que vivió al socaire de una monumental devaluación y que necesitará ahora de otra importante corrección cambiaria para subsistir hasta 2015. A esta conclusión llegó el mercado y es por eso que corrigió la paridad en el mercado marginal que por ahora indica un escenario de un dólar a $ 6. Pero cuanto más tarden las autoridades nacionales en devolver competitividad a la economía, esos $ 6 actuales van a ir aumentando...

Un galimatías
En la administración Kirchner, la confusión es total. Desde la Presidenta que cree que volcando más dinero en el mercado, amenazando la solidez del sistema financiero, va a promover más actividad hasta el secretario de Comercio que cree que cerrando la economía va a reactivar el mercado interno, todo es un galimatías.

Mientras el gobierno continúe alimentando su propia fantasía, ignore la inflación y no tome medidas para eliminarla van a continuar, los despidos, suspensiones, corridas bancarias y cambiarias, fuga de capitales, falta de inversión y aumento de la pobreza y la marginalidad.

La orden que obliga a los bancos a prestar el 5% de sus depósitos privados para inversiones productivas es un nuevo capítulo del atropello kirchnerista.

Lejos de entender el problema, la Casa Rosada la emprende nuevamente contra los ahorros privados tal como se ensaño en 2008 contra el fruto del trabajo de los argentinos que tenía su dinero administrado en las ex-AFJP. Ahora va por los depósitos que tienen los argentinos en los bancos. En uno y otro caso, la similitud es llamativa. Antes, la gente confió en las ex-AFJP para que les administre sus ahorros. Ahora, la gente confía en los bancos. En ambos casos, la sociedad no confió en el manejo de los políticos. En ambos casos, la administración Kirchner vulnera la propiedad privada y se apodera de años de esfuerzo de la gente por construir un ahorro.

La consecuencia inmediata de esta decisión podría ser la de una corrida bancaria porque los ahorristas no confían en el manejo del sistema financiero por parte de los políticos. El ahorrista decidió colocar su dinero a un banco para que profesionales de la industria financiera le manejen sus ahorros y le entreguen una rentabilidad por el uso de ese capital en un determinado plazo. El ahorrista no quiere que el gobierno le digite donde irán a parar sus ahorros sin saber si los tomadores de esos fondos lo van a poder devolver. Ante el temor lógico, el ahorrista retiraría el dinero de sus colocaciones. Esto replicado por miles de depositantes generaría un descalabro en el sistema financiero.

Estas son señales que podrían indicar el final de un modelo prohijado en la Emergencia Económica y en los superpoderes, validados por un Congreso funcional y una Justicia que, desde su silencio, avaló las excepciones como algo normal.